Muchas personas no quieren que las cosas que dicen en línea estén conectadas con sus identidades fuera de línea. Pueden estar preocupados por posibles represalias políticas o económicas, acoso o incluso amenazas a sus vidas.
Los denunciantes informan sobre noticias que las empresas y los gobiernos preferirían suprimir; los trabajadores de derechos humanos luchan contra los gobiernos represivos; los padres intentan crear una forma segura para que los niños exploren; las víctimas de violencia doméstica intentan reconstruir sus vidas donde los abusadores no puedan seguirlas.
En lugar de usar sus nombres verdaderos para comunicarse, estas personas eligen hablar usando seudónimos (nombres supuestos) o de forma anónima (sin nombre). Para estos individuos y las organizaciones que los apoyan, el anonimato seguro es crítico. Literalmente puede salvarles la vida.
Las comunicaciones anónimas tienen un lugar importante en nuestro discurso social y político. La Corte Suprema (de Estados Unidos) ha dictaminado reiteradamente que el derecho a la libertad de expresión anónima está protegido por la Primera Enmienda. Un fallo de la Corte Suprema de 1995 frecuentemente citado en “McIntyre v. Ohio Elections Commission” dice:
El anonimato es un escudo de la tiranía, de la opinión de la mayoría.. Por lo tanto, ejemplifica el propósito detrás de la Declaración de Derechos y de la Primera Enmienda en particular: Proteger a las personas impopulares de represalias.. De la mano de una sociedad intolerante.
La tradición del discurso anónimo es más antigua que los Estados Unidos. Los fundadores Alexander Hamilton, James Madison y John Jay escribieron los Documentos Federalistas bajo el seudónimo de “Publio” y “El Granjero Federalista”. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha reconocido repetidamente los derechos de hablar anónimamente derivada de la Primera Enmienda.
El derecho a hablar anónimamente también está protegido mucho más allá de lo anteriormente citado. Así, en 2002, la Corte Suprema derogó una ley que exigía a los proselitistas que registraran sus nombres verdaderos en la oficina del alcalde antes de ir de puerta en puerta.
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